Una denuncia presentada ante la Justicia de San Juan puso bajo sospecha el manejo de fondos provenientes de capacitaciones destinadas a personas interesadas en incorporarse a la actividad minera. Integrantes de la agrupación Minera Cordillera de los Andes acusaron a su presidente, Patricio Páez, de haber cobrado cursos que, según sostienen, debían ofrecerse gratuitamente, y de recibir los pagos en cuentas bancarias particulares. La presentación fue impulsada por David Suárez, integrante de la comisión directiva, quien advirtió sobre presuntas irregularidades que podrían involucrar a más de un centenar de participantes y movimientos de dinero estimados entre 15 y 20 millones de pesos. El caso quedó en conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, donde los denunciantes solicitaron que se investigue el destino de los fondos y las responsabilidades que pudieran corresponder. Capacitaciones para acceder al empleo minero que debían ser gratuitas La agrupación Minera Cordillera de los Andes fue concebida como una asociación civil sin fines de lucro, con el propósito de promover la formación de trabajadores sanjuaninos y facilitar su acceso a oportunidades laborales vinculadas con el desarrollo de la minería provincial. Según explicó Suárez en declaraciones a Radio Sarmiento, uno de los objetivos institucionales era ofrecer capacitaciones gratuitas a personas interesadas en adquirir conocimientos y herramientas para incorporarse al sector. Sin embargo, el funcionamiento de la organización comenzó a generar cuestionamientos internos cuando integrantes de la comisión directiva tomaron conocimiento de que se estaban exigiendo pagos por determinadas actividades de formación, sin que existiera, según denunciaron, una autorización del órgano de conducción. La situación motivó pedidos de reuniones y explicaciones dirigidos al presidente de la entidad, que, de acuerdo con el relato del denunciante, fueron reiteradamente postergados. Transferencias a cuentas particulares y movimientos bajo sospecha Uno de los aspectos centrales de la denuncia es el presunto destino de los pagos realizados por quienes participaron de las capacitaciones. De acuerdo con Suárez, los comprobantes aportados por algunos asistentes indicarían que las transferencias se efectuaban a cuentas bancarias personales de Patricio Páez y de su hijo, Santiago Páez, en lugar de ingresar a una cuenta institucional de la asociación. "Los fondos estaban ingresando directamente a una cuenta personal de él y de su hijo", afirmó el dirigente, quien explicó que solicitaron la intervención judicial para esclarecer los movimientos registrados durante agosto, septiembre y parte de octubre. Según las estimaciones de los denunciantes, los valores exigidos por las capacitaciones oscilaban entre 100.000 y 200.000 pesos por participante, aunque los importes variaban según el curso. Considerando que más de cien personas habrían participado de las actividades, la comisión directiva calcula que el movimiento económico podría ubicarse entre los 15 y 20 millones de pesos. No obstante, se trata de una estimación de los denunciantes y no de una cifra determinada mediante una investigación contable o judicial. Un emprendimiento privado en el centro de los cuestionamientos Otro punto que deberá esclarecerse es la intervención de un emprendimiento identificado como Truck Shop, que, según el denunciante, habría sido utilizado para justificar el cobro de las capacitaciones. Suárez cuestionó que ese emprendimiento contara con las habilitaciones o autorizaciones necesarias para desarrollar actividades formativas y emitir certificaciones con reconocimiento institucional. De acuerdo con su versión, se trataría de una actividad familiar vinculada al mantenimiento mecánico de maquinaria, sin relación formal con una institución educativa o entidad capacitadora reconocida. La investigación deberá establecer qué participación tuvo ese emprendimiento, bajo qué condiciones se ofrecieron los cursos y si existieron autorizaciones o acuerdos que respaldaran su dictado. Cursos dictados en instalaciones públicas y certificados cuestionados Las capacitaciones también habrían utilizado espacios públicos, entre ellos las instalaciones de El Coloso de Rawson, facilitadas gratuitamente por el municipio bajo el entendimiento de que se trataba de actividades comunitarias sin fines de lucro. Suárez aclaró que, a su entender, las autoridades municipales no tuvieron participación en las presuntas irregularidades, ya que la cesión de las instalaciones se habría realizado para acompañar una iniciativa de formación destinada a la comunidad. A los cuestionamientos económicos se suma la preocupación por la validez de los certificados entregados a los participantes. Desde la comisión directiva señalaron que una parte importante de las constancias emitidas podría carecer de respaldo institucional o reconocimiento oficial, lo que genera incertidumbre entre quienes abonaron los cursos con la expectativa de mejorar sus posibilidades de inserción laboral. El denunciante estimó que hasta un 80% de las certificaciones podrían presentar irregularidades, aunque esa afirmación deberá ser corroborada por las autoridades competentes. Cabe señalar que la falta de reconocimiento oficial de una certificación no implica necesariamente que la capacitación realizada carezca de valor formativo, pero sí puede limitar su aceptación ante determinadas empresas u organismos. La denuncia llegó a la Justicia y a Personería Jurídica Frente a las irregularidades denunciadas, integrantes de la agrupación acudieron a la UFI de Delitos Especiales y aportaron documentación, incluidos comprobantes de transferencias proporcionados por participantes de los cursos. Paralelamente, realizaron una presentación ante la Dirección de Personería Jurídica de San Juan para solicitar la revisión de la situación institucional y la suspensión del trámite administrativo de reconocimiento de la entidad hasta que se esclarezcan los hechos. Suárez sostuvo que la mayoría de los integrantes de la comisión directiva presentó su renuncia y manifestó la intención de reorganizar la agrupación una vez resuelto el conflicto. Hasta el momento, la información aportada no permite establecer que exista una resolución judicial sobre las responsabilidades denunciadas. Las acusaciones deberán ser investigadas y los involucrados cuentan con el derecho a ejercer su defensa. La capacitación minera y la confianza de quienes buscan empleo El caso adquiere especial relevancia en San Juan, donde el crecimiento de los proyectos mineros genera expectativas de empleo y una demanda creciente de formación en oficios, operación de equipos, mantenimiento y seguridad laboral. Para muchas personas, acceder a una capacitación representa una inversión económica importante y una posibilidad de mejorar sus condiciones para ingresar al sector. Por ello, la transparencia en la organización de los cursos, la identificación de las entidades responsables, la información sobre sus costos y el alcance real de los certificados constituyen aspectos fundamentales para proteger a quienes buscan oportunidades laborales. La denuncia contra las autoridades de Minera Cordillera de los Andes abre ahora una instancia judicial que deberá determinar si existieron cobros no autorizados, cuál fue el destino efectivo del dinero y si se incurrió en conductas contrarias a la legislación vigente. Mientras avanza el proceso, el episodio vuelve a poner en discusión la necesidad de garantizar que las propuestas de formación vinculadas con la minería se desarrollen con información clara, respaldo verificable y condiciones transparentes para los trabajadores sanjuaninos. Fuente: monterizo.com

La denuncia apunta al presidente de una asociación minera por capacitaciones presuntamente cobradas sin autorización y certificados cuestionados.

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Escándalo por cursos mineros en San Juan: denuncian cobros millonarios que habrían terminado en cuentas personales

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