La denominada "simplificación normativa" llegó de lleno a la política minera argentina. Mediante una resolución firmada por el secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, el Gobierno nacional dispuso la derogación simultánea de ocho resoluciones dictadas entre 2008 y 2022. Presentada administrativamente como parte de un proceso orientado hacia un "ordenamiento normativo simplificado y coherente", la decisión podría parecer, a primera vista, una mera limpieza de normas antiguas. Pero basta revisar qué había detrás de varias de las resoluciones derogadas para advertir que la medida va bastante más allá de eliminar burocracia. Entre las normas que dejan de tener vigencia aparecen instrumentos vinculados con la minería social, el fortalecimiento de proveedores nacionales, la planificación estratégica del sector, la participación de las mujeres en la actividad minera y, quizá uno de los puntos más sensibles, un programa federal destinado específicamente a fortalecer las capacidades provinciales de monitoreo ambiental. La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿se está simplificando el Estado o se está retirando al Estado de áreas estratégicas de la política minera? <h2 class="wp-block-heading">Menos normas, pero también menos herramientas</h2> La resolución deroga las normas 55/2008, 134/2008, 36/2020, 47/2020, 138/2020, 255/2021, 50/2022 y 53/2022. No todas tienen actualmente la misma trascendencia. Algunas contienen mecanismos administrativos que habían quedado desactualizados, como los antiguos reglamentos para transferencias de fondos a provincias y municipios. La Resolución 50/2022, incluso, había establecido solamente una prórroga excepcional de 180 días para que las provincias rindieran fondos correspondientes a proyectos del Plan Nacional de Minería Social, Huellas Mineras y otros programas sociales. Pero incluir esas disposiciones junto con programas sustantivos permite al Gobierno presentar como una única "simplificación" lo que, en los hechos, también implica desactivar instrumentos que expresaban una determinada concepción de política minera. Y allí comienza el verdadero debate. <h2 class="wp-block-heading">La minería social también queda en el camino</h2> La Resolución 36/2020 había adaptado el Plan Nacional de Minería Social y tenía como objetivo explícito mejorar las condiciones socioeconómicas de pequeñas comunidades vinculadas con la actividad minera. Sus destinatarios incluían microemprendimientos, pequeños productores, pirqueros, minería artesanal y trabajadores vinculados con actividades ladrilleras. La herramienta contemplaba financiamiento para capacitación e inversiones productivas, formación de cooperativas y asociaciones y fortalecimiento contable, administrativo, legal, comercial y económico de los emprendimientos. Es cierto que aquella resolución había nacido en el contexto excepcional de la pandemia de COVID-19 y que buena parte de su arquitectura estaba vinculada con aquella emergencia. Pero la decisión actual no anuncia en su articulado un programa sustituto. Ese dato resulta difícil de ignorar. Porque mientras el Gobierno nacional concentra buena parte de su discurso minero en atraer grandes inversiones internacionales, la derogación alcanza también a una herramienta específicamente diseñada para el otro extremo de la actividad: la minería de pequeña escala y las comunidades económicamente vulnerables. La discusión no debería ser si una resolución de 2020 tenía que permanecer eternamente vigente. La verdadera discusión es qué política existe hoy para reemplazarla. <h2 class="wp-block-heading">Proveedores argentinos: se deroga una herramienta para sustituir importaciones</h2> Otro de los puntos especialmente sensibles es la eliminación de la Resolución 138/2020. Esa norma había creado una Mesa Técnica de Análisis destinada a revisar los bienes, insumos y partes importados por la industria minera con el objetivo de avanzar progresivamente en su sustitución por producción nacional. La propia resolución establecía como prioridad potenciar a los proveedores locales y desarrollar producción provincial, regional y nacional. La herramienta alcanzaba rubros concretos, entre ellos tubos de polietileno, refugios mineros, cintas transportadoras, rodillos, cables y perfiles de acero, calderas, bombas, aceros de perforación y pernos de sujeción. No era una barrera automática a las importaciones. La mesa emitía opiniones no vinculantes. Pero establecía algo políticamente importante: una instancia institucional donde el crecimiento de la minería podía discutirse también desde la perspectiva del desarrollo de la industria argentina. Su derogación adquiere especial relevancia en momentos en que las provincias mineras reclaman cada vez con mayor fuerza participación de empresas y trabajadores locales en las grandes inversiones. San Juan, por ejemplo, viene impulsando instrumentos destinados precisamente a incrementar la contratación local y la participación de proveedores provinciales. La contradicción resulta evidente: mientras las provincias intentan construir mecanismos para que los miles de millones de dólares anunciados se traduzcan en empleo y compras nacionales, Nación elimina una herramienta que apuntaba específicamente a fortalecer ese encadenamiento productivo. <h2 class="wp-block-heading">Adiós a una estrategia minera integral</h2> La derogación de la Resolución 47/2020 tiene incluso un contenido más profundo. Aquella norma había aprobado una Planificación Estratégica de la Secretaría de Minería y dieciocho programas de gestión construidos alrededor de objetivos como inclusión, sostenibilidad ambiental, integración, competitividad e institucionalidad. Allí figuraban programas de asistencia a productores y PyMEs mineras, fortalecimiento de la cadena de valor y desarrollo del capital físico, entre otros. Puede discutirse su efectividad, su nivel de ejecución e incluso si una planificación elaborada para el período 2020-2023 tenía sentido seguir formalmente vigente en 2026. Lo llamativo es otra cosa. La nueva resolución deroga esa planificación pero no presenta, al menos dentro de su articulado, una nueva estrategia integral que la sustituya. Se elimina un marco. No se explica cuál ocupará su lugar. En un país que pretende transformarse en uno de los principales productores mundiales de cobre y litio, la ausencia de una estrategia minera nacional explícita que articule inversión, desarrollo federal, proveedores, empleo, ambiente y comunidades no parece precisamente un detalle administrativo. <h2 class="wp-block-heading">También desaparece la Red Federal de Mujeres Mineras</h2> La motosierra normativa alcanza además a la Resolución 255/2021, que había creado la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas. Su objetivo era promover una mayor inserción de mujeres en la industria, generar espacios de capacitación, intercambio de experiencias y articulación entre Nación, provincias, municipios, empresas, sindicatos, universidades y organizaciones vinculadas con el sector. La discusión nuevamente puede ser legítima: si la herramienta funcionaba, si cumplió sus objetivos o si debía ser reformulada. Pero el Gobierno tomó otro camino. La derogó. Y en la resolución que termina con ella no aparece una política alternativa que mantenga aquellos objetivos bajo otro diseño. En una industria históricamente masculinizada y que en los últimos años comenzó a incorporar cada vez más mujeres en operaciones, administración, servicios profesionales y áreas técnicas, la señal política no pasa inadvertida. <h2 class="wp-block-heading">El punto más sensible: monitoreo ambiental</h2> Probablemente la derogación que merece mayor atención pública sea la Resolución 53/2022. Esa norma creó el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería. Sus objetivos eran concretos: asistir a las provincias en la evaluación y fiscalización ambiental de proyectos mineros, capacitar a los agentes encargados del control, favorecer acuerdos para mejorar infraestructura y herramientas de monitoreo, promover la participación de comunidades y universidades, divulgar resultados y facilitar mecanismos de financiamiento para incorporar equipamiento. Debe señalarse algo con absoluta claridad: la derogación de este programa no significa que desaparezcan los controles ambientales mineros en Argentina. Las provincias conservan sus competencias y continúan vigentes las demás normas ambientales aplicables. Pero sí desaparece, por decisión nacional, este instrumento específico de cooperación federal destinado a fortalecer precisamente esas capacidades provinciales. Y eso no es menor. Especialmente cuando el país se prepara para proyectos mineros cada vez más grandes y complejos. Argentina busca multiplicar inversiones en cobre, litio y oro. El propio discurso oficial sostiene que el nuevo ciclo minero puede transformar estructuralmente la economía nacional. Pero cuanto mayor sea la actividad, mayor debería ser también la capacidad técnica del Estado para controlarla. Eliminar un programa concebido para fortalecer monitoreos ambientales sin presentar simultáneamente un reemplazo abre un interrogante que el Gobierno debería responder. ¿Quién fortalecerá ahora esas capacidades y mediante qué instrumento? <h2 class="wp-block-heading">Lo viejo se controla; el problema es lo que viene</h2> La resolución contiene una aclaración importante. Los derechos y obligaciones nacidos de convenios celebrados bajo las normas derogadas seguirán vigentes. También continuarán las rendiciones de cuentas, controles y eventuales acciones de recupero sobre fondos ya transferidos. Es decir: el Gobierno no perdona deudas, no extingue obligaciones anteriores y no elimina la obligación de rendir los fondos públicos ya otorgados. Eso está expresamente establecido. Pero precisamente allí aparece la otra cara de la decisión. El Estado continuará mirando hacia atrás para controlar los proyectos ya financiados, mientras varias de las herramientas que permitían diseñar políticas hacia adelante quedan derogadas. No desaparece el control contable del pasado. Lo que queda en discusión es la política pública del futuro. <h2 class="wp-block-heading">Grandes inversiones sí, política de desarrollo ¿también?</h2> El Gobierno nacional ha convertido al RIGI y a la llegada de grandes capitales internacionales en pilares centrales de su estrategia minera. El flujo potencial de inversiones puede representar una oportunidad histórica para Argentina. Pero una política minera nacional no puede agotarse en garantizar condiciones atractivas para que ingrese capital. También debe responder otras preguntas. ¿Cuánto de esas inversiones quedará en proveedores argentinos? ¿Cuántas capacidades productivas se desarrollarán localmente? ¿Qué participación tendrán trabajadores y empresas de las provincias? ¿Cómo se fortalecerá el control ambiental? ¿Cómo participarán las comunidades? ¿Qué lugar ocuparán pequeños productores y emprendimientos de minería social? ¿Cómo se ampliará la participación femenina en una industria tradicionalmente dominada por hombres? Las resoluciones derogadas, con aciertos y errores, intentaban construir respuestas institucionales para varias de esas cuestiones. La nueva resolución las elimina, pero no presenta respuestas equivalentes. <h2 class="wp-block-heading">La simplificación no puede convertirse en ausencia del Estado</h2> Reducir burocracia innecesaria puede ser razonable. Derogar normas vencidas también. Actualizar procedimientos administrativos es incluso indispensable. Pero existe una enorme diferencia entre eliminar burocracia y eliminar política pública. Una minería moderna necesita inversiones privadas, seguridad jurídica y reglas previsibles. Pero también necesita proveedores nacionales fuertes, trabajadores capacitados, controles ambientales confiables, participación comunitaria, federalismo real y mecanismos para que la riqueza generada por los recursos naturales produzca desarrollo alrededor de los proyectos. La Argentina minera que viene requerirá probablemente más capacidad institucional, no menos. Por eso el interrogante que deja la decisión de la Secretaría de Minería no es cuántas resoluciones fueron derogadas. Es mucho más profundo. ¿Está el Gobierno nacional simplificando la política minera argentina o está reduciendo su papel a facilitar grandes inversiones mientras retira herramientas destinadas a garantizar que ese crecimiento produzca desarrollo nacional, protección ambiental e inclusión social? Fuente: UG Noticias Mineras

La Secretaría de Minería eliminó instrumentos sociales, ambientales y productivos sin anunciar reemplazos para las políticas nacionales vigentes.

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Motosierra minera: el Gobierno nacional deroga políticas de control ambiental, proveedores locales, minería social y mujeres

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